Por: Juan Carlos Granados Tuta
Con sombrero de paja y botas de caucho, Rosiris Betancourt camina hacia sus cultivos de arroz. En el trayecto, rememora sus esfuerzos para tener un predio tras 40 años de espera. Tres generaciones tuvieron que pasar para que la familia de Rosiris supiera lo que es tener un pedazo de tierra propio. Espera que su nieta no pase por los problemas que tuvo ella para poder sembrar alimentos.
En horas de la mañana, con una temperatura superior a los 30 grados, Rosiris muestra con orgullo la siembra de arroz. Para un citadino, transitar entre los cultivos es complejo por el agua y la inestabilidad del terreno enlodado.
Rosiris y las lideresas que la acompañan -con las que convive en la finca que les adjudicó la Agencia Nacional de Tierras (ANT)-, caminan con total normalidad. Expresan que para el campesinado lo más importante es la fertilidad del terreno y la garantía de comercialización para no perder sus productos.

Los padres de Rosiris llegaron a Córdoba desde Magdalena a mitad del siglo 20, en busca de nuevas oportunidades. Ella nació en La Apartada y se crió a la orilla del río San Jorge, donde sus padres se asentaron. Cuando creció, Rosiris empezó a trabajar en varios lugares por la falta de tierra propia.
En épocas de verano, el clima era favorable para trabajar al borde del río. Pero en invierno, en temporada de lluvia, debían recoger sus cosechas y trasladarse de un lugar a otro. El caudal podía incrementarse abruptamente y destruir sus cultivos. En ocasiones los hacendados de la zona les permitían sembrar en un pedazo de las fincas. Cuando no existía esa opción les tocaba arrendar la tierra para poderla trabajar. Les costaba entre 200.000 y 500.000 pesos por ciclo de cosecha, que son entre dos y tres meses.
“El campo es duro, y siempre se pierde parte de la cosecha por distintos factores, como la lluvia. Constantemente hay que ir cambiando los cultivos porque bajan de precio y aumentan otros”, dice Rosiris, quien a sus 60 años es una lideresa campesina de La Apartada y representante legal de la Asociación Hortofrutícola del Alto San Jorge (Asphas).
La lideresa comenta que el municipio ha cambiado desde que sus padres trabajan a la orilla del río. “En ese entonces estaban los propietarios de la región, no la gente que vino a comprar haciendas después”, dice Rosiris. La Apartada fue uno de los municipios con presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y después de grupos que surgieron tras la desmovilización paramilitar, quienes adquirieron fincas durante su expansión.
Tras 20 años de espera desde la constitución formal de Asphas, y toda una vida trabajando en tierras ajenas, el 30 de junio de 2025 Rosiris fue beneficiaria de un predio de 30 hectáreas que le entregó de manera provisional la ANT a su asociación, en el marco de la Reforma Rural Integral pactada en el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc.

La finca hacía parte de los bienes del Fondo de Reparación a las Víctimas y había pertenecido a Jose Germán Sena Pico, alias ‘Nico’, un exjefe del Bloque Central Bolívar de las AUC. El terreno había sido ocupado irregularmente por Juan Michel Toro, un ganadero al que la Fiscalía de Justicia y Paz le aplicó medidas cautelares. Encontraron ganado y cerca de 50 estructuras tipo rancho en estado de abandono. En total, fueron cuatro predios de 743 hectáreas recuperados.
La ANT ubicó en esa tierra a cuatro asociaciones: Asphas, Fortaleza, Aproagrosanjorge y a la asociación de víctimas del municipio. A cada una le asignaron provisionalmente 30 hectáreas. Las organizaciones gozan de derecho de uso para vivir y trabajar el terreno mientras se lleva a cabo el proceso de titulación.
Asphas ha sembrado auyama, maíz, ají, patillas, habichuelas, fríjoles, pepinos y berenjena- la cual transforman en jugo con leche-, entre otros productos. Empezaron a darle valor agregado a sus cosechas, sacando salsa de ají picante con la etiqueta de Asphas, certificada por el Invima. Pero Rosiris explica que hasta que sean dueños formales de la tierra sólo pueden realizar proyectos de ciclo corto.

Y hoy el futuro de esos proyectos y del cumplimiento de lo pactado con las Farc sobre la reforma rural es incierto. El 6 de agosto de 2026, el último día de mandato del expresidente Gustavo Petro, el entonces director de la ANT, Felipe Harman, estuvo en Montería realizando trámites de adjudicaciones, incluido el de Rosiris, pero ella aún no ha recibido la copia del documento.
El 10 de agosto, cuatro días después de la adjudicación firmada por Rosiris y los otros campesinos de La Apartada, Indalecio Dangond, ministro de Agricultura del presidente Abelardo De La Espriella, anunció la suspensión por 90 días de la entrega y titulación de tierras, argumentando posibles irregularidades en el saliente gobierno Petro. El 15 de septiembre, un funcionario de la ANT llamó a Rosiris pidiéndole copia del acta de entrega, el RUT actualizado de la asociación y otros datos, pero no ha recibido más noticias desde entonces ni visitas presenciales.
Lina Garrido, nueva directora de la ANT, comunicó que están examinando las entregas de tierras de la administración pasada, en especial las provisionales. “Esta revisión busca establecer qué procesos pueden continuar y cuáles deberán ser puestos en conocimiento de los organismos de control si llegado el caso se confirman posibles violaciones al debido proceso”, dijo Garrido. La directora agregó que estudiarán caso a caso para establecer cuáles entregas cumplen los requisitos para poder continuar.
La organización Sembrando Vida, proyecto liderado por el exdirector Harman que busca acompañar a campesinos beneficiarios de predios durante el gobierno Petro, se acercó a Rosiris para hacer en conjunto con otras asociaciones un derecho de petición solicitando información del proceso de titulación definitiva en la Oficina de Instrumentos de Registros Públicos (ORIP), entidad en la que se debe inscribir la escritura de la tierra para formalizar el derecho de propiedad.
El caso de Rosiris refleja los problemas que ha tenido la reforma rural del Acuerdo con las Farc. Reconociendo el papel fundamental que ha jugado la tierra en la sucesión de conflictos armados en Colombia, fue el primer punto que acordaron los negociadores en La Habana. Establecieron dos metas principales: la entrega de tres millones de hectáreas a campesinos y la formalización de siete millones de hectáreas en 12 años para reducir la desigualdad histórica en el campo.
Tras una década de la firma del tratado, los resultados son cortos respecto a las metas establecidas. Los datos del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), donde está registrada la información de la implementación del Acuerdo de Paz, revelan que en 10 años sólo se ha cumplido con el 3,96 por ciento (118.712 hectáreas) de la promesa de entrega de tierras mientras que en la formalización se registra un cumplimiento del 48,4 por ciento (3.390.114 hectáreas).

Según los plazos establecidos en el Acuerdo, en los próximos dos años el gobierno De La Espriella tendría que entregar 2.881.288 hectáreas y formalizar otras 3.609.886 hectáreas para cumplir las metas. Sin embargo, el ministro Dangond afirmó que en este nuevo mandato no habrá compra de tierras, lo que limita la capacidad del Estado de entregar predios.
En la reducción presupuestal propuesta por el nuevo gobierno, se recortan los recursos de la ANT en 71,8 por ciento. Además, en el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller Omar Bula propuso que la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz deje de supervisar la reforma rural al ser una política de largo plazo que trasciende la naturaleza de la Misión, lo que pone en duda el compromiso de la presidencia de De la Espriella con la reforma.
Los resultados de entrega y formalización
El saliente gobierno nacional tenía como bandera la reforma agraria y se había comprometido al inicio del mandato a entregar las tres millones de hectáreas. Sin embargo, en diciembre de 2023 el expresidente Petro dijo que solo habían comprado 48.000 hectáreas, afirmando que desde 1991 desmantelaron las capacidades del Estado para realizar la reforma agraria.
Los resultados del mandato Petro en entregas definitivas con títulos en ORIP estuvieron considerablemente por debajo de lo que ellos mismos se propusieron. Aun así, es el 81,9 por ciento (97.179 hectáreas) del avance en entrega de tierras en estos 10 años del Acuerdo de Paz.
Según el SIIPO, en 2025 se entregaron 64.427 hectáreas, la mayor cantidad de tierra proporcionada en un sólo año tras la firma del Acuerdo de Paz. Los años con menor tierra entregada fueron 2017, en el gobierno Santos, con 1.677 hectáreas, y en el 2020, durante la presidencia de Iván Duque, con 3.016 hectáreas.
En la presidencia de Duque ocurrió lo contrario al gobierno Petro, cumplieron de sobra sus objetivos de entrega de tierras porque eran mínimos. La meta del gobierno Duque era entregar 10.867 hectáreas en cuatro años. El único año donde no cumplieron lo prometido fue en 2021, entregaron 3.431 hectáreas y se comprometieron con 3.623 hectáreas.
El contador de la reforma agraria del gobierno Petro agrupa las hectáreas inscritas en ORIP (97.179) con las que ya tienen un acto administrativo final, pero que aún no están registradas en ORIP (53.000 aproximadamente). Sumadas ambas, son un total de 150.742 hectáreas.
Con esta claridad, los departamentos donde mayor cantidad de tierra se entregó durante la pasada presidencia fueron: Meta (41.481 hectáreas), Vichada (27.468 hectáreas), Cesar (10.787 hectáreas), Magdalena (7.196 hectáreas) y Arauca (7.179 hectáreas).
Respecto a los municipios, los que más entrega de tierras tuvieron fueron: Puerto Gaitán (28.909 hectáreas), Puerto Carreño (18.495 hectáreas), La Primavera (6.786 hectáreas), San Martín -Meta-, (5.915 hectáreas) y Arauquita (5.260 hectáreas). De las administraciones Santos y Duque no hay cifras públicas detalladas por departamentos y municipios, sólo por años.
Al revisar los lugares con entregas provisionales durante el gobierno Petro, como fue el caso de Rosiris en La Apartada inicialmente, los principales beneficiarios cambian. Durante el gobierno Petro se entregaron 213.267 hectáreas de manera provisional.
Un contratista del SENA le comentaba a la comunidad de Rosiris que una parte importante de la tierra entregada en Córdoba era provisional. Tras 40 años de espera, Rosiris recién llevaba un año disfrutando de un terreno propio. Ella logró recibir el título el último día del gobierno Petro, pero no todos tuvieron la misma suerte. Ahora, viene la lucha por la continuidad del proceso de titulación en medio de la disputa entre Harman y la directora Garrido.
La tierra provisional entregada en el gobierno Petro fue más del doble de la registrada en ORIP, y las zonas beneficiadas cambiaron. Meta se mantuvo como el departamento con mayor cantidad de hectáreas con 47.664, pero después le siguen Córdoba con 25.547 hectáreas, Antioquia con 25.105 hectáreas, Cesar con 20.623 hectáreas y Valle del Cauca con 13.764 hectáreas.
En cuanto a los municipios con más cantidad de tierra provisional, los principales son: Puerto Gaitán (28.431 hectáreas), Puerto López (9.814 hectáreas), Caucasia (7.853 hectáreas), Buenavista (7.778 hectáreas) y La Primavera (7.188 hectáreas). Sin embargo, está por verse la situación de las 231 mil hectáreas provisionales que entregó el gobierno Petro con la nueva administración de la ANT.
Los avances en la formalización de la tierra han sido mucho mayores, pero están lejos de lo proyectado. De acuerdo con el SIIPO, en estos 10 años se formalizaron 3.390.114 de hectáreas, el 48,4 por ciento del total de la meta. El gobierno Petro formalizó 1.244.771 de hectáreas, lo que corresponde al 36,7 por ciento de lo hecho en 10 años.
De 2017 a 2022 se formalizaron 1.836.733 hectáreas. El año con mayor formalización fue el 2023 con 654.578 hectáreas, y en el que menos progreso hubo fue 2019 con 72.239 hectáreas.
Las cifras no cuadran
Tanto en el gobierno de Duque como el de Petro hubo serios cuestionamientos alrededor de sus cifras de tierras. En enero de 2021, el penúltimo año de Duque, un informe de la Procuraduría alertó irregularidades en las cifras de formalización de tierras, las cuales se hacían pasar como entregas.
Ese mismo año, La Silla Vacía investigó la entrega de predios en Ovejas (Sucre). Mientras ANT le dijo a La Silla que había adjudicado 302 hectáreas a campesinos sin tierra en ese municipio, el Fondo de Tierras -de donde salen las hectáreas que se entregan- dijo que sólo habían adjudicado 901 lotes que sumaban 39,59 hectáreas.
Y en el mandato de Petro también fue cuestionado por las cifras. En agosto de 2023, el diario El País publicó un informe en el que desmentía las aseveraciones del gobierno de que que durante el mandato Petro se hubiese formalizado un millón de hectáreas para esa fecha.
La nota expone que 600.000 de esas hectáreas correspondían a gobiernos pasados y que había presiones para mostrar datos falsos. Esto generó tensiones internas, al punto de que Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura en ese momento, confirmó públicamente las imprecisiones en las cifras de Gerardo Vega, quien era el director de la ANT en aquel entonces.
Carlos Quesada, doctor en derecho e investigador de Tierras y Campesinado de Dejusticia, explica que con el tema de las cifras ha habido fallas durante los dos gobiernos con la información. Quesada dice que otro problema que se presentó fue el intento de incluir actos administrativos realizados antes del 2016. “Se ha presentado información contradictoria, queriendo pasar como cumplimiento de la reforma. Por ejemplo, querer pasar actuaciones de formalización de tierras de finales de los años 90 o principios de los 2000 como si se hubiesen hecho después de 2017”, sostiene.
Para Carlos Duarte, investigador del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, el gran problema que ha tenido el país para avanzar en la reforma rural es la diferencia en el enfoque técnico según el gobierno de turno, donde cada mandato interpreta el tema a su manera.
“Pasamos del ordenamiento de la propiedad con Santos a la defensa acérrima de la propiedad con Duque hasta el gobierno Petro, que le inyectó muchos recursos, pero con resultados insuficientes en hectáreas entregadas y sobre todo blindaje jurídico”, sostiene el experto.
Eso se suma al hecho de que la ejecución de la reforma rural se ha intentado hacer en medio del reciclaje de la violencia armada, la cual nunca cesó a pesar del Acuerdo de Paz y que sigue poniendo en peligro a los que reclaman tierras.
En La Apartada se vivió una fuerte violencia en medio de la reconfiguración paramilitar tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que culminó en el 2006. Lo que alguna vez fue un municipio tranquilo se convirtió en uno de los epicentros de la guerra entre Los Paisas, el brazo armado rural de la Oficina de Envigado, y la banda de los Urabeños (hoy conocida como Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo) que dejó decenas de muertos.
Entre 2009 y 2011, en La Apartada se registraron 73 homicidios, según datos del Ministerio de Defensa. En el pico de la confrontación se registraron 42 en 2010. “Era normal escuchar disparos. Siempre había noticias de muertos. Encontrábamos esquirlas de granadas cerca de nuestras viviendas. A las siete de la noche ya debíamos estar en casa y con la puerta cerrada”, recuerda la lideresa. Una compañera de Rosiris sufrió una crisis nerviosa debido al constante estruendo de los explosivos.
A la par de la guerra, comenzó la compra y acaparamiento de tierras en La Apartada, cambiando el relacionamiento de los habitantes con los dueños de las haciendas. La disputa armada la ganó el Clan del Golfo y desde entonces hace una presencia permanente, pero silenciosa en el municipio.
La presión de los grupos armados no es cosa del pasado. En ocasiones, a Rosiris la llaman números desconocidos pidiéndole dinero. Ella es clara en su respuesta: “Yo no le debo nada a nadie y tampoco tengo mucho. Mi único pecado es trabajar la tierra”.
Los bienes y servicios rurales
Uno de los componentes más importantes, y menos visibles de la reforma rural tiene que ver con mejorar el acceso a los servicios y bienes públicos en zonas rurales. El Acuerdo de Paz trazó como meta la eliminación de la pobreza extrema rural y la reducción en un 50 por ciento de la pobreza multidimensional en la ruralidad.
Son nueve pilares establecidos para enfrentar estos problemas, donde hay avances disparejos como se muestra en el siguiente cuadro:

De los nueve pilares, los más rezagados son los más importantes. El ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, donde se incluye el tema de entrega y formalización de tierras, subsidios y enfoques diferenciados de organización rural, tiene un avance sólo del 39 por ciento. Los planes nacionales, donde las metas son la reducción de los distintos tipos de pobreza, llevan un 42 por ciento de cumplimiento.
El ítem de acceso a la vivienda y agua potable tiene un 48 por ciento de progreso. En el objetivo de entrega de viviendas mejoradas se registra un avance del 19,61 por ciento, donde se destaca con diferencia el año 2025 con 5.204, que representa el 86 por ciento del total.
Para Quesada, en el terreno estos avances han sido limitados. “Se requieren vías, electrificación, acueductos, redes de mercadeo. Estos elementos se han quedado aún más rezagados”, afirma el investigador. Su preocupación es que estos rezagos generen en los próximos años que los beneficiarios de la escasa redistribución de tierras enfrenten procesos de contrarreforma, ya sea porque el mercado vuelve a reconcentrar la propiedad asfixiando a los beneficiarios, o inclusive a través de medios violentos.
“Puede ocurrir que ante la falta de condiciones de desarrollar proyectos productivos los beneficiarios deban arrendar sus tierras donde no se acapara la propiedad pero sí el uso”, sostiene Quesada. El investigador de Dejusticia pone como ejemplo el caso de María La Baja, en la región de los Montes de María, donde los campesinos se ven obligados a hacer alianzas para el monocultivo de palma.
La desigualdad extrema persiste
Con las metas sin cumplir, no es de sorprenderse que la desigualdad histórica en la propiedad de la tierra siga intacta. “La desigualdad en la propiedad sigue siendo muy extrema”, dice Duarte.
Esta desigualdad es al mismo tiempo causa y consecuencia de la guerra interna en Colombia. De acuerdo con los cálculos de la Comisión de la Verdad, en la década de 1960 el 55 por ciento de las unidades agrarias tenían menos de cinco hectáreas y comprendían el 4,18 por ciento de la tierra productiva, mientras los predios de más de 100 hectáreas ocupaban el 64 por ciento de la tierra productiva a pesar de representar el 4,5 por ciento de las propiedades.
Tras 60 años, incluidos los 10 del Acuerdo de Paz, la propiedad de la tierra no ha cambiado sustancialmente. De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), el uno por ciento de los mayores propietarios posee el 45 por ciento de la tierra rural y el 10 por ciento de los terratenientes controla el 80,6 por ciento de la propiedad privada rural. Además, el 65,8 por ciento de los predios rurales son microfundios de tres hectáreas o menos, pero apenas ocupan el 4 por ciento de la superficie rural privada.

El índice Gini de tierras en Colombia –instrumento estadístico que mide la desigualdad y a medida que se acerca a 1 significa que la propiedad está concentrada en un solo dueño– es del 0,89 en predios privados rurales y del 0,87 en predios privados rurales en frontera agrícola y con destino agropecuario. En cinco departamentos la concentración de predios privados rurales con destino agropecuario es aún mayor: Meta (0,89), Valle del Cauca (0,86), Casanare (0,84), Antioquia (0,84) y Caldas (0,83).
Duarte explica que el Gini se mide sobre lo que ya es un título de propiedad, lo que implica que los predios informales no entran dentro del cálculo. En Colombia se estima que alrededor de 3.6 millones de predios rurales son privados; de los cuales, según el Igac, el 52 por ciento son informales. “Indudablemente, la mejor manera para disminuir el Gini es con el avance agresivo de la formalización”, dice el investigador.
Otro problema que pretendió abordar el Acuerdo de Paz fue el uso inadecuado de la tierra. Según el Igac, en Colombia hay 22 millones de hectáreas con vocación agrícola, pero apenas se utilizan un poco más de cinco millones, mientras que para ganadería hay 15 millones de hectáreas aptas, pero se usan más de 30 millones.
Relacionado con esta situación, la reforma rural planteó un Catastro Multipropósito para registrar los inmuebles rurales y promover el “desarrollo agrario integral, incrementar el recaudo efectivo de los municipios, estimular la desconcentración de la propiedad rural improductiva, y en general regularizar con transparencia la propiedad de la tierra”. Se estableció que en un plazo máximo de siete años se debía concretar la formación y actualización del catastro rural, vinculando el registro de inmuebles.
El Igac dice que ha actualizado el 41,34 por ciento del territorio nacional (46.971.342 hectáreas) y el 49 por ciento (19.055.727 hectáreas) del área que corresponde a los municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura en la presidencia Petro y exembajadora de Colombia ante la FAO, dice que el catastro multipropósito que recibió su gobierno estaba muy rezagado.
“Solo había 82 municipios actualizados en 2022, y pasamos a cerca de 370 municipios”, cuenta la exministra. Las cifras de Mojica concuerdan con las del Igac. La entidad reveló que a corte de 2026 hay 369 municipios actualizados, pero aún falta el 60 por ciento del área nacional.
Respecto al impuesto progresivo a las extensiones de tierra sin usar de grandes propietarios, la exministra dice que fue un punto en el que el gobierno Petro pudo haber hecho más, pero que políticamente era complejo de implementar. “Los impuestos catastrales más progresivos a quien tiene tierras ociosas son una necesidad. La mayoría de predios rurales tienen un avalúo catastral ínfimo donde los propietarios no registran ni el 20 por ciento del valor del inmueble”, dice Mojica.
Sin embargo, el catastro multipropósito tiene otra función importante y es conectar los diferentes sistemas de información sobre tierras para organizar el registro. Duarte explica que el catastro siempre existió, pero la importancia de que sea multipropósito es en parte porque actualmente la identificación de los predios es confusa. “Es como si los terrenos tuvieran una cédula para ir a la universidad, otra para registrarse en la EPS, otra para votar”, relata.
Para Duarte, el mayor logro a nivel rural tras la firma del Acuerdo de Paz es el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de protección constitucional por medio del Acto Legislativo 01 de 2023. “Que el campesinado vulnerable esté en condiciones de simetría de derechos con otras poblaciones vulnerables como los indígenas y afrodescendientes cambia mucho el tablero del juego que existía anteriormente”, explica Duarte.
Un segundo elemento que el experto considera importante es la profusión de figuras de ordenamiento territorial étnico campesino, que tuvo un gran desarrollo durante el gobierno Petro, donde se constituyeron 23 de las 24 Zonas de Reserva Campesina (ZRC) que surgieron tras el Acuerdo de Paz.
Antes del tratado de 2016 existían seis ZRC en Colombia, todas creadas por el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). Durante los ocho años de Álvaro Uribe en la presidencia no se constituyó ninguna. Tras la firma de la paz, el gobierno Santos formalizó una, la de Montes de María II, en 2018.
En el mandato de Duque no hubo avances en las ZRC y después fueron estigmatizadas por exfuncionarios. Diego Molano, ministro de Defensa en el gobierno Duque, dijo en 2023 durante un debate de candidatos a la Alcaldía de Bogotá que las ZRC históricamente habían sido instrumentalizadas por las Farc. Por su parte, el actual ministro Dangond dijo en el Congreso que las ZRC sólo sirven para sembrar coca.
Para, Duarte dice que un gran lunar frente a este tema es que no hubo formalización de la tierra dentro de las ZRC. “La gran paradoja es que fungen más como figuras de gobierno territorial, de interlocución territorial, pero la formalización de títulos es casi nula”, explica el investigador.
Otro punto importante ha sido el avance en el Plan Nacional de Clarificación y Recuperación de Tierras Rurales, que consiste en establecer cuáles predios rurales pertenecen al Estado y recuperar baldíos indebidamente ocupados para destinarlos a la reforma agraria. En el gobierno Duque, la ANT buscaba que grandes empresarios nacionales y extranjeros pudieran explotar baldíos, inicialmente a 15 años, y después recibir la adjudicación.
El mandato Petro cambió radicalmente el enfoque y la intervención al predio de Nicolás Laserna, primo de la excandidata presidencial Paloma Valencia, es un ejemplo de esto. Este empresario ocupó indebidamente el predio Buenavista, en La Primavera (Vichada), de 6.182 hectáreas, junto a Gustavo Londoño, excongresista del Centro Democrático condenado por compra de votos.
En 2017, una juez de Vichada falló a su favor y reconoció la propiedad de Laserna y Londoño sobre el terreno, pero la decisión fue anulada por la Corte Suprema debido a que un juez civil no puede adjudicar baldíos, sumado a que la ausencia de la autoridad agraria en el trámite invalida la determinación. En mayo de 2026, la ANT intervino este predio con ocupación indebida de baldíos.

Según el contador de la reforma agraria del gobierno Petro, con corte al 17 de julio de 2026, la gestión registraba 51.512 hectáreas en clarificación, que determina si un predio es público o privado, 23.923 en deslinde, que delimita las tierras del Estado frente a otros predios, 37.156 en extinción, que permite que el dominio de tierras privadas pase a la Nación cuando se cumplen las causales legales, y 155.079 en recuperación de baldíos indebidamente ocupados.
Otras 67.689 hectáreas figuraban en procesos agrarios para demanda, por lo que deben distinguirse de los procedimientos ya decididos. Estas 335.358 hectáreas representan el 40 por ciento de las tierras gestionadas durante los últimos cuatro años para incorporar al Fondo de Tierras.
El caso del familiar de Valencia se sumó a otros denunciados por el exdirector Harman, quien afirmó que el 30 por ciento de los congresistas de la pasada legislatura tenían líos de baldíos. Esta denuncia fue un golpe de opinión durante la discusión de la Jurisdicción Agraria, uno de los compromisos más importantes pactados en el Acuerdo de Paz que sigue sin ser aprobado en el Congreso, con el que se busca crear una justicia especializada para resolver los temas agrarios con jueces preparados para tomar esas decisiones.
El 20 de julio de 2020, el gobierno Duque tramitó un proyecto de ley ordinaria con 135 artículos para crear la Jurisdicción Agraria, pero se hundió. Durante el primer año del mandato Petro, el Congreso aprobó el Acto Legislativo 03 de 2023, una reforma a la Constitución que creó la Jurisdicción Agraria y Rural. Después, se aprobó la Ley 2570 de 2026 que le dio estructura legal. Sin embargo, no se aprobó la ley ordinaria que permitía su funcionamiento.
Uno de los motivos de disputa fue el artículo 9 que le otorgaba facultades a la ANT para resolver ciertos conflictos de tierras por acto administrativo. Sectores críticos dijeron que esas decisiones debían quedar en manos únicamente de los jueces. Sin embargo, pese a esto, la Corte Constitucional le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura adelantar gestiones para crear los juzgados agrarios y que empiecen a funcionar gradualmente en 2027, exhortando al Congreso a resolver y aprobar la ley ordinaria.
Muchos recursos, poca ejecución
Uno de los puntos bajos del gobierno Petro fueron los resultados en compra de tierras. Adquirieron 1.011 predios que equivalen a 233.526 hectáreas a particulares y la Federación de Ganaderos (Fedegan), y 228 predios que suman 31.135 hectáreas provenientes del Fondo para la Reparación de las Víctimas y de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Según la nueva directora de la ANT, la administración Petro destinó 5,1 billones para estas transacciones.
Duarte dice que los procedimientos agrarios de compra de tierras son dispendiosos, largos y llenos de líos jurídicos, como se evidenció en el gobierno Petro, además de ser sumamente costosos económicamente. Duarte afirma que no fue rentable adquirir las tierras de los ganaderos del norte del país, que tienen los predios más caros. “Esas fincas están diseñadas para ganadería, por lo que toca gastar mucho más dinero adecuando el terreno para volverlas productivas para pequeños productores agropecuarios”, explica.
Para Duarte, si el gobierno Petro se hubiese dedicado a formalizar más tierra en vez de buscar, negociar y comprar, “hubiesen obtenido resultados más contundentes en número de hectáreas y seguridad jurídica para la propiedad formalizada”. Sin embargo, el investigador menciona que Colombia jamás había tenido una fase de experimentación de tener grandes recursos para comprar, por lo que se aprendió sobre la marcha.
La exministra Mojica dice que el gobierno Petro optó por este mecanismo para prevenir una nueva ola de violencia. “Cuando presentamos nuestra reforma agraria en escenarios globales todos se sorprendieron al ver que Colombia prefería comprar tierras en vez de expropiarlas porque no les parecía posible”, cuenta. Algo en lo que coinciden tanto Quesada como Duarte es que hacer reformas agrarias en democracia es muy complejo porque los sectores terratenientes tienen herramientas legales y poder político para bloquear las acciones.
Una gran crítica que recibió el gobierno Petro fue la seguridad jurídica de las entregas provisionales, en especial las tierras que estaban en la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Quesada explica que los predios de la SAE están en una condición judicial no definida, por lo que los hace más vulnerables en caso de que el nuevo gobierno De La Espriella quisiera derogar las entregas en estos predios. “Una finca puede estar en la SAE como parte de una extinción de dominio al propietario inmerso en un proceso de narcotráfico, pero hay que probar que el inmueble fue adquirido con plata ilegal”, dice el experto.
Una de las preocupaciones que surgen alrededor de las 213.000 hectáreas provisionales entregadas por la administración Petro es si el gobierno De la Espriella las puede revocar o simplemente no continuar el proceso de titulación. Quesada explica que si bien la entrega provisional es un acto administrativo de bajo rango, este le permite a los campesinos adquirir una serie de derechos que antes no tenían.
“La Corte Constitucional protege los derechos que vienen con la mera tenencia, que está ajustado al mandato de acceso progresivo a la propiedad de la tierra”, sostiene el investigador. Quesada agrega que la nueva administración está en la libertad de revisar irregularidades en las entregas, pero no puede desechar los procesos discrecionalmente.
Duarte señala que la entrega provisional es un acto muy poco protector jurídicamente y que en la década de 1990, cuando hubo un despojo masivo de tierras a campesinos, muchos eran beneficiarios de adjudicaciones y les arrebataron la propiedad administrativamente. Sin embargo, dice que actualmente el campesinado es sujeto especial de protección constitucional, por lo que la situación es más favorable que en esa época.
La ejecución de presupuestos y proyectos también fue otro problema. En el informe “¿Cómo recibe la reforma agraria y el desarrollo rural el gobierno ADLE?”, elaborado por Julián Cortés para la Fundación Paz y Reconciliación, muestra que en 2024 la ANT comprometió el 98 por ciento de su inversión, pero solo pagó el 19,68 por ciento.
Con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), se presentó una situación peor. El estudio muestra que de los 1.189 actos administrativos de adjudicación de tierras reportados por la ANT a la ADR, sólo 13, el 1,1 por ciento, se tradujeron “en un proyecto productivo efectivamente cofinanciado en el marco específico de los programas de acceso a tierras de la reforma agraria”.
Trabajando la tierra a la espera del título
En La Apartada, Rosiris sigue en lo que aprendió desde hace décadas: trabajar la tierra mientras espera que se resuelva la inscripción de su escritura al ORIP en medio de las disputas entre la nueva y pasada administración de la ANT. Muestra el primer producto transformado de la reforma agraria, la salsa de ají picante con la etiqueta de Asphas.
“Invertíamos mucho y ganábamos poco sólo con la siembra”, dice Rosiris. Por eso, la asociación compró congeladores de gran tamaño, una empacadora, una licuadora industrial, entre otros productos. Aspira a remodelar un espacio que tienen listo para que sea su biofábrica de preparación para insumos orgánicos.

Participando en los programas gubernamentales y adquiriendo experiencia en eventos agrícolas en Montería y Bogotá han ampliado su horizonte. Ahora están metiéndole el hombro a la patilla, y está en proceso de certificación la mermelada de patilla, de la que también hacen gelatina.
Tras una vida en tierras ajenas, pasar un año en un predio suyo, así sea de manera provisional, ha sido una experiencia transformadora para Rosiris y su comunidad. La mayoría son adultos de tercera edad. La posibilidad de proyectarse y hacer las mejoras necesarias han sido un antes y después para su asociación.

Ahora, su anhelo es que el proceso de titulación culmine exitosamente. “Sería el legado para mi hija y nieta. El trabajo de una vida materializado”, dice Rosiris.
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