Por Sibylla Brodzinsky
En las calles estrechas y mal pavimentadas del barrio El Talón, en Turbaco, Bolívar, el paso de Guillermo Torres por la Alcaldía no se recuerda por sus eslóganes de campaña sino por el agua potable que empezó a salir de los grifos donde antes la comunidad tenía que pagarles a los carrotanques.
“Tenía que llegar el guerrillero para que nos pusieran el agua”, dice con una sonrisa la lideresa comunitaria Dolores Espinosa, sentada en el portal de su casa buscando el fresco.
Torres, a quien en las filas de las Farc conocían como ‘Julián Conrado’, ‘El cantante de las Farc’, fue el primer exguerrillero de esa organización elegido alcalde después del Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016.
Ganó en octubre de 2019 y lo hizo sin repartir tejas, licor ni billetes, en un municipio acostumbrado a votar por el candidato que más regalos da. “Ni una botellita de agua nos dio”, recuerda Espinosa de aquella campaña.
“Mi único ofrecimiento fue: ‘Voy a administrar, no voy a robar’. Nada más”, dice el exalcalde, que se crio en Turbaco.
Su candidatura y su gobierno encarnaron lo que el Punto 2 del Acuerdo sobre participación política y apertura democrática buscaba sembrar en los territorios: que una ciudadanía desarmada pudiera hacerle frente a las maquinarias electorales y democratizar la política desde abajo.
Pero a diez años de la firma, el balance de ese punto está lejos de ser una victoria. Lo que quedó escrito en La Habana chocó de frente con una realidad en la que persisten la violencia contra los liderazgos sociales, la captura de la política por intereses privados y un sistema político que se resiste a cambiar.
Torres conoce desde joven el precio de reclamar. A los 19 años entonó una de sus primeras canciones de protesta en una esquina del parque de Turbaco, al sureste de Cartagena, para exigir agua potable para la población. La respuesta del Estado no fue el diálogo.
“Nosotros lo que hicimos fue bloquear la carretera para llamar la atención y nos echaron plomo. Ahí se me empieza a formar la idea en la mente de lo que es el Estado colombiano”, dice.
Después militó en la Unión Patriótica. Al ver caer asesinados a cientos de compañeros, concluyó que la política legal en la Colombia de esos años era una sentencia de muerte. Muchos de sus copartidarios se fueron al exilio.
“Yo no tuve para el pasaje para Suiza ni para Suecia. A mí el pasaje me alcanzó para irme a la Sierra Nevada y me volví guerrillero”.
Décadas después volvió a Turbaco por otro camino. Torres se inscribió con firmas recogidas en la calle y rechazó ofertas de financiadores —de hasta 5.000 millones de pesos, dice— que pretendían comprar su campaña a cambio de concesiones futuras. Pero al final buscó el aval de la coalición Colombia Humana-UP y ganó esos comicios con 21.466 votos.
Ya en el cargo, revocó las concesiones privadas del matadero municipal y del amoblamiento urbano que, según Torres, pertenecían a estructuras vinculadas a un poderoso empresario de la zona. Su administración también logró que Turbaco subiera de quinta a tercera categoría, lo que refleja un aumento de sus ingresos propios, y creó una escuela pública de formación artística en la que más de 1.000 niños y jóvenes aprendieron a tocar instrumentos gratis.
Muchos en Turbaco recuerdan a Torres como un buen alcalde. Pero su paso por la alcaldía no cambió la cultura política del pueblo, así como el Acuerdo de Paz tampoco logró cambiar las reglas del juego de la política nacional.

Una ruta “muy sensata”
Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), el Punto 2 fue un buen diagnóstico y una hoja de ruta para hacer efectivas garantías democráticas que la Constitución de 1991 ya consagraba y que llevaban un cuarto de siglo sin aplicarse.
“El acuerdo lo que marca es como una ruta muy sensata”, dice Barrios. “Pero quienes la podían hacer realidad no era el acuerdo en sí mismo. Eso tiene que pasar, como en cualquier democracia, por el Congreso y por aprobación legislativa”.
Ese Congreso, dominado por los mismos partidos y liderazgos que se beneficiaban del sistema cerrado, terminó siendo el escollo para su implementación. “Lo más ‘revolucionario’ [del Punto 2] era aplicar la Constitución del 91. Pero eso no se da por arte de magia, necesitas voluntades políticas, y lo que no encontramos fueron las voluntades políticas” dice Barrios.
Para la antigua guerrilla, el Punto 2 era la arquitectura sobre la que se sostenía toda la transición.
“Este punto es la espina dorsal del acuerdo, porque es el compromiso de que las extintas Farc dejan de hacer política con armas y se abren unos espacios para que la ciudadanía pueda participar en política con garantías para ello”, dice Pastor Alape, quien fue comandante del Bloque Magdalena Medio, integrante del último Secretariado de las Farc y luego fue delegado ante el Consejo Nacional de Reincorporación.
“El objetivo central era que las Farc dejaran sus armas y se abriera un campo político de acción para todas las fuerzas progresistas en este país” dice.
Por eso, para Alape, el mayor logro del Punto 2 es el desmonte del discurso contrainsurgente que durante décadas criminalizó la protesta social.
“El Acuerdo genera un nuevo debate, unas nuevas ciudades movilizadas sin aquella amenaza de que ‘es que esa es la acción de las Farc’. Todo eso se mantuvo en la acción contrainsurgente para poder acorralar la protesta”, dice. “El estallido social es parte de esa nueva ciudadanía que pierde el miedo”.
Y va más allá: “Sin el Acuerdo de Paz no hubiera sido posible que por primera vez el país eligiera un gobierno diferente a todos los anteriores en 2022. Eso es producto directo del acuerdo”.
Barrios coincide. “La elección de Gustavo Petro y la llegada de propuestas alternativas a departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena o Nariño no hubieran sido posibles sin el Acuerdo de Paz”, dice. “Eso cambió la dinámica y permitió que expresiones de izquierda no armada, que antes estaban muy estigmatizadas, pudieran tener opciones políticas y liderazgos locales diferentes a las expresiones tradicionales”.
La MOE también lo ve en las cifras de participación. “En la zona donde había presencia de las Farc tuvimos casi un incremento de 10 puntos de participación política”, dice Barrios. “Eso muestra un éxito: desmovilizando ese grupo guerrillero había la posibilidad de que liderazgos sociales pudieran tener una expresión más libre en el territorio. Tuvimos una cosecha de liderazgos locales impresionante”.
Radiografía de una parálisis

Pero la apertura en las calles y en las urnas no se tradujo en reformas profundas.
El Observatorio de la Participación Ciudadana, de Foro Nacional por Colombia y Viva la Ciudadanía, identificó 114 tareas de participación en todo el Acuerdo. En su informe de diciembre de 2025, sólo el 10 por ciento de las tareas estaba completo y el 78 por ciento seguía en niveles mínimos o intermedios. El Punto 2 es de los más rezagados: de sus 27 tareas, 12 no registran ningún avance. “La apertura democrática prevista en el Acuerdo Final sigue siendo más un horizonte que una realidad consolidada”, concluye el informe.
Los proyectos que debían sostener el Punto 2 se quedaron en el camino. La ley estatutaria de garantías para organizaciones y movimientos sociales, ni siquiera llegó al Congreso: el gobierno Santos nunca la radicó. La que debía cambiar el tratamiento que el Estado le da a la protesta, llegó, pero nunca avanzó en el Congreso. Y la reforma política y electoral que proponía rediseñar la autoridad electoral y la financiación de las campañas, se hundió.
La reforma que no pasó era la que debía cambiar el terreno de juego. Barrios describe partidos que nunca funcionaron como puente entre los ciudadanos y las decisiones.
“Las organizaciones políticas en Colombia no son democráticas porque siempre han sido organizaciones que se basan en jefes de partidos muy fuertes o en los congresistas… son partidos completamente personalistas”, dice. “Los partidos se pensaron como agremiación de poderes locales, no como la correa de transmisión entre personas que tienen identidades políticas con los tomadores de decisiones”.
El problema se agravó, según Barrios, cuando el anterior Consejo Nacional Electoral (CNE), “haciendo una interpretación superamplia de una decisión de la Corte Constitucional relacionada con personerías jurídicas por razones de violencia, terminó entregando muchísimas organizaciones políticas pero sin base de militancia”.
La autoridad que vigila a esos partidos tampoco cambió. Los magistrados del CNE son postulados por los partidos y elegidos por el Congreso, de modo que el tribunal juzga a las mismas colectividades que lo nombran. Además, es un órgano centralizado en Bogotá, sin capacidad propia para vigilar las campañas en los municipios rurales y PDET.
Y la plata sigue mandando. La Constitución dispone que el Estado concurra a la financiación de partidos y campañas, pero en la práctica el grueso del dinero es privado. “Las candidaturas dependen lamentablemente en un principio de la cantidad de recursos que tú tienes para poder financiar tu campaña política, porque los partidos no financian ni apoyan las campañas”, dice Barrios. “Usualmente más del 70 por ciento de los recursos con los que se hacen las campañas al Congreso de la República, sobre todo Senado, son recursos personales, de la familia, créditos o aportes de amigos. Entonces tú estás compitiendo con una fuerza económica, no con una fuerza democrática de ideas”.
Esa dependencia deja por fuera, en la práctica, a los liderazgos comunitarios, étnicos y alternativos que no tienen padrinos económicos.
La protesta, por decreto
De las leyes que prometía el Punto 2, la de garantías para la protesta es la que hoy pesa más. Sin una ley estatutaria, las reglas para atender las movilizaciones han quedado en decretos que cada gobierno puede cambiar. El Decreto 003 de 2021 surgió de una tutela de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó al Gobierno precisar las directrices sobre el uso de la fuerza durante las movilizaciones. En 2022, el gobierno de Gustavo Petro transformó el Esmad y lo rebautizó, con la idea de privilegiar el acercamiento y el diálogo en el manejo de la protesta.
El intento de convertir esas reglas en ley tampoco prosperó. Dos proyectos de ley estatutaria radicados en 2023 se archivaron en junio de 2024, y un tercero, presentado en agosto de ese año con apoyo de bancadas progresistas y conservadoras, ni siquiera se debatió en 2024, según el Observatorio de la Participación Ciudadana.
El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella empezó a desmontar ese giro con el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026. La norma fija cinco niveles de actuación: facilitación y prevención; diálogo directo; mediación; disuasión y, como último recurso, el restablecimiento del orden por unidades especializadas de la Policía. La intervención policial puede hacerse mientras continúan las conversaciones con los manifestantes.
Al presentar el decreto, De la Espriella dijo: “La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera”.
La Defensora del Pueblo Iris Marín cuestionó el nuevo decreto. Aunque mantiene el principio del diálogo, permite pasar “muy ligeramente” al uso de la fuerza, sin agotar realmente la conversación, dijo. También advirtió que la norma deja un margen muy amplio para definir qué conductas se salen de una protesta pacífica. Varios congresistas ya demandaron el decreto ante el Consejo de Estado.
Un Estatuto de la Oposición “chuleado”
Una de las deudas que el Acuerdo sí destrabó fue el Estatuto de la Oposición que, aunque fue ordenado por la Constitución de 1991, durante 27 años el Congreso no lo expidió.
La Ley 1909 de 2018 reconoce a los partidos que se declaren en oposición el acceso a información oficial, espacios en los medios del Estado, el derecho de réplica frente a las alocuciones del Gobierno y participación en las mesas directivas de las corporaciones. También desarrolló las curules para quienes queden segundos en las elecciones de presidente, gobernador y alcalde.
Pero Barrios, de la MOE, dice que el estatuto en la práctica quedó en lo nominal.
“El Estatuto de la Oposición está chuleado en el checklist de la implementación”, dice Barrios. “¿Tenemos un estatuto? Claro que sí. Pero se implementó sobre un sistema de partidos completamente desestructurado”.
Muchas organizaciones, según Barrios, funcionan más como “empresas electorales” que venden avales a los candidatos. “Con esa lógica, no hay estatuto de la oposición que funcione”.
Alape llega al mismo punto. “Avanzamos en tener un elemental estatuto de oposición, pero el Acuerdo no pudo romper el empresariado de la politiquería electoral. Las empresas electorales se mantienen muy fuertes”, dice. “El estatuto te da el derecho a hablar en televisión o a tener una curul de segundo puesto, pero si no se resuelven los topes de campaña y la financiación privada, el juego sigue siendo profundamente inequitativo”.
Curules de Paz: entre la cédula y la póliza

La apuesta más directa del Punto 2 por la representación territorial fueron las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), curules adicionales en la Cámara para candidatos de organizaciones de víctimas, campesinas y étnicas de las regiones más golpeadas por la guerra, sin aval de partidos, durante dos periodos.
Tras un tortuoso camino legislativo y judicial, las curules se eligieron por primera vez en marzo de 2022 y por última vez el 8 de marzo de 2026.
Barrios reconoce el avance. “La ampliación de la democracia territorial donde se alcanzó a ver fue en las circunscripciones transitorias especiales de paz”, dice. “Ahí se logró un avance muy importante que es el tangible que hoy tenemos: la ampliación de puestos de votación y el ejercicio de inscripción de cédulas acompañado por la Registraduría con una campaña de cedulación de población campesina e indígena”.
Sólo en 2023 y 2024, la Registraduría hizo 1.065 jornadas móviles en 250 municipios, expidió 121.815 documentos de identidad y creó 159 nuevos puestos de votación, con prioridad en zonas rurales y étnicas, según el Observatorio de la Participación Ciudadana. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la votación creció un 20 por ciento en comunidades que antes debían viajar hasta 10 horas para llegar a un puesto de votación.
Pero la ley que reglamentó la elección de estas curules ahogó a los candidatos de base. “El PowerPoint es muy bueno, pero la ley que se sacó para implementarla es terrible”, dice Barrios. “No logró realmente una representación auténtica porque se le pusieron todas las trabas posibles”.
Los candidatos no podían usar recursos propios y dependían de los anticipos del Estado, que exigían una póliza. “Le estabas pidiendo a las víctimas que tuvieran votación en las zonas más rurales y alejadas del país, donde continuó la presencia de grupos armados, con la prohibición de utilizar recursos propios y sin financiación”, dice Barrios. “Y el tema de los anticipos exigía una póliza. Pues si no tienes plata para hacer campaña, muchísimo menos vas a tener para pagar una póliza”.
Ese vacío lo llenaron las maquinarias. El caso más citado es el de Jorge Rodrigo Tovar, hijo del excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, elegido en 2022 por la circunscripción de Cesar, La Guajira y Magdalena.
“Las curules de Paz desafortunadamente no fueron para las víctimas, sino que quedaron en manos de los mismos sectores políticos de siempre”, dice Alape.
A eso se suma el riesgo. En su informe del 2025 Transiciones de la violencia, conflictividad social y paz, la MOE encontró que el 61,3 por ciento de los municipios de las CITREP tenía un nivel de riesgo electoral alto o extremo por la presencia de disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN.
¿Qué hay en un nombre?
El tránsito de las armas a las urnas no fue triunfal para los firmantes. Alape reconoce un error fundacional al haber bautizado el partido legal Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con la misma sigla de la guerrilla.
“Tomamos la decisión de mantener la imagen porque había un debate interno sobre no desconocer nuestra historia. Pero fue un error de cálculo”, dice. “Había una narrativa establecida en el imaginario ciudadano de que esta era una organización terrorista. Nosotros no entendimos eso, no tuvimos la capacidad de leer eso en ese momento”.
Barrios lo ve parecido. “Mantener el nombre de las Farc, que para ellos podía ser muy representativo, socialmente quizás se tradujo en un castigo político”, dice. Pero apunta a un error más de fondo de asimilar la militancia en una guerrilla como votos y militantes políticos. “Hubo un imaginario político de que había una base social que los iba a acompañar y lo que se vio es que ese puente no existe” dice Barrios. Ni siquiera, añade, “los partidos de izquierda querían tener alianzas con esta organización”.
Las curules garantizadas a la antigua guerrilla fueron uno de los pocos compromisos del Punto 2 que se cumplieron al pie de la letra. El Acuerdo le dio al partido que crearon las extintas Farc cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara durante dos periodos legislativos, 2018-2022 y 2022-2026, que terminaron el 20 de julio de 2026 con la instalación del nuevo Congreso.
En 2018 la lista del partido Farc al Senado apenas rondó los 52.000 votos. En 2021 el partido cambió su nombre a Comunes, pero el estigma, la violencia contra sus militantes y las divisiones internas, lo siguieron aislando.
Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), entre 2018 y 2024 los congresistas de Comunes fueron autores o coautores de 141 proyectos de ley, intervinieron en 57 ponencias y promovieron o apoyaron 16 debates de control político. Pero ocho años de escaños garantizados no construyeron una base electoral. En 2018 y en 2022, el partido no alcanzó ni el 1 por ciento de la votación nacional.
En las legislativas del 8 de marzo de 2026, ya sin curules garantizadas, Comunes se presentó en coalición con Fuerza Ciudadana. La lista obtuvo 114.722 votos al Senado, muy lejos del umbral para mantenerse como partido. El 7 de octubre de 2026, el CNE oficializó la pérdida de su personería jurídica.
En lo local, el balance fue más matizado. En las elecciones de 2023, pese al desgaste de la estructura nacional, Alape se presentó como candidato a la alcaldía de su pueblo natal, Puerto Berrío con el aval de Comunes y el Pacto Histórico. No le fue bien: sacó 1.572 votos, el 9,25 por ciento y quedó de quinto.
“Queríamos mostrar una nueva forma de hacer política”, dice. “Lo tomé como una experiencia pedagógica y un acto de reconciliación con mi pueblo”.
En esas mismas elecciones el aval de Comunes y el Pacto Histórico sí ayudaron a que Armel Caracas, exguerrillero en Vichada, llegara a la Alcaldía de Cumaribo. Alape señala que formar parte de la alianza del Pacto fue determinante para impulsar su candidatura en las urnas “porque era la fuerza mayoritaria la que arrastraba”.
Alape destaca que Caracas “fue comandante en el territorio y fue un comandante que mantuvo una muy buena relación con la comunidad, las comunidades indígenas, sus autoridades y con el mismo comercio del territorio».
Alape contrasta la victoria de Caracas en Cumaribo con su propio intento en Puerto Berrío, explicando que a él le tocó competir en un «bastión de los sectores de la derecha», dominado históricamente por estructuras paramilitares y con una masiva presencia militar, donde la penetración de la narrativa estigmatizante contra las Farc era mucho más dura.
Alape sostiene que el proyecto político ya trascendió a la antigua guerrilla. “Hoy el 70 por ciento de los militantes del partido no son exguerrilleros”, dice. Para los firmantes, sigue existiendo como un movimiento desarmado que se mueve dentro de las coaliciones de izquierda.
El veto de los fusiles
El obstáculo más cruento para la apertura democrática sigue siendo la violencia contra quienes la ejercen. Desde la firma del Acuerdo hasta el 13 de octubre de 2026 han sido asesinados 1.925 líderes y lideresas sociales, según Indepaz. Y en su último informe del 25 de septiembre de 2026, la Misión de Verificación de Naciones Unidas registra 501 excombatientes asesinados desde el 2017.
En la ruralidad, los excombatientes enfrentan además el veto de las disidencias.
“Nosotros no podemos ir al territorio rural profundo. A la zona rural donde antes operábamos no podemos entrar”, dice Alape. “Los actores armados ilegales y las disidencias se esfuerzan en el territorio para que nosotros no mostremos ningún éxito político. Parte de su argumento para justificar seguir en la guerra es decir que el Acuerdo de Paz fue un fracaso y que nosotros fuimos unos traidores. Por eso, nuestra votación terminó siendo más alta en los cascos urbanos que en el campo que caminamos durante años”.
Las campañas no escapan de la oleada de violencia. Según la MOE, en las elecciones locales de 2023 las agresiones contra líderes políticos aumentaron un 70 por ciento frente a 2019, y contra líderes comunales, un 40 por ciento. Siete departamentos —Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Huila y Bolívar— concentraron el 53,7 por ciento de los hechos letales. Y aunque la proporción de municipios en riesgo electoral bajó del 51 por ciento en 2007 al 28 por ciento en 2023, los que estaban en riesgo extremo llegaron a 125.
La respuesta del Estado ha sido tardía y, sobre todo, de papel. El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), previsto en el Acuerdo para proteger a la oposición, a los movimientos sociales y a los firmantes, se creó en el 2017. Pero su Instancia de Alto Nivel sólo sesionó para reactivarse el 19 de septiembre de 2023, no volvió a reunirse ese año y sólo aprobó su reglamento interno en noviembre de 2024.
Según la FIP, el SISEP sigue atascado en una fase de planeación que se limita a expedir normas y convocar reuniones. La Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación advierte, además, que el sistema no tiene presupuesto autónomo ni capacidad de decisión dentro del sector seguridad.
Mientras tanto, en 2022, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración sistemática de los derechos de los firmantes (sentencia SU-020). El programa de protección integral para ellos, ordenado desde 2017, solo se reglamentó en junio de 2025. La política de garantías para líderes sociales y defensores de derechos humanos llegó el 5 de agosto de 2026 con el Decreto 1028, dos días antes de que Gustavo Petro entregara el poder.
“Siempre será mejor”
A un costado del parque principal de Turbaco frente a la alcaldía el artesano Pedro Romero repara el mimbre de una silla mientras hace las cuentas de la administración de Guillermo Torres. “Cuando él llegó, el municipio estaba empeñado y endeudado; cuando salió no se debía un sólo peso y se vieron las obras públicas”.
Pero Torres no construyó una maquinaria ni repartió contratos, y eso también tuvo un costo. Ante el runrún en el pueblo de que Torres se volverá a lanzar en las elecciones locales de 2027, algunos habitantes, que siguen llamando al exalcalde por su alias de guerrillero, aseguran que no tendría ninguna posibilidad de ganar.
“Si hace campaña como hizo antes, no gana”, dice Jesús, otro vecino que prefirió no dar su apellido. “No cambió la cultura política de fondo; se fue Julián y eso volvió a su cauce natural de la politiquería”.
Y el agua volvió a escasear en el barrio El Talón. Espinosa, la líder comunitaria, cuenta que el agua ahora sale de los grifos sólo los días que llegan a tomar la lectura de consumo y el día que llega el recibo. “La cosa va de mal en peor. Si no tenemos agua, no tenemos paz”, dice.
También comenta la dificultad de liderar procesos comunitarios. “No tenemos para el bolígrafo, para la libreta y mucho menos para el computador. Así es muy difícil”, concluye Espinosa.
Torres terminó su mandato en diciembre de 2023 y volvió a su parcela de cacao y a sus canciones. Para él, el balance del Punto 2 no se agota en las reformas que no pasaron ni en el partido que se extinguió.
“Cuando nosotros empezamos en la UP sacábamos 300.000 votos y nos mataban a todos. Hoy, después de la firma, la ciudadanía se moviliza por millones en las urnas. Pasar de miles a millones demuestra que el pueblo perdió el miedo”, dice. “Por muy malo que sea un acuerdo, un tratado de paz siempre será mejor que un tratado de guerra”.
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