Por Bibiana Ramírez Betancur

“¿Ustedes por qué se ensañaron contra mi padre, contra nosotros?”, les preguntó Diva Cristina Díaz a los siete integrantes del último Secretariado de las extintas Farc. Su padre, el comerciante Juan Antonio Díaz Calderón, fue secuestrado a los 68 años en Neiva, Huila, en 1999, por el Frente Teófilo Forero. Duró 16 meses secuestrado y fue asesinado en 2000 por denunciar y visibilizar el secuestro en medios de comunicación.

“Quiero decirles aquí a ustedes que acabaron con mi familia, pero como ya se ha repetido aquí, tenemos que perdonar. Ya esto pasó y tenemos que seguir adelante. Yo quiero preguntarles si hubo terceros en el secuestro de mi padre. Mi padre era una persona del común, pero servía a su comunidad”, continúa Díaz.

Las caras de los siete comparecientes tienen el ceño fruncido mientras las víctimas hablan. Algunos se rascan el rostro, otros escriben, otros miran atentamente a las víctimas en la primera Audiencia de Reconocimiento que hizo la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) del Caso 01 en junio del 2022 sobre toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc.

Fueron tres días de audiencias y más de 30 horas en las que 29 de víctimas acreditadas pudieron preguntar, expresar sus sentimientos de dolor, llorar y, en algunos casos, perdonar. Allí se escuchó hablar de largas listas de agravios durante años de secuestro, de lazos, de alambres de púas, de jaulas de madera, cadenas de hierro y hasta de campos de concentración. 

Y a la vez, los comparecientes pudieron responder a cada intervención, reconocer la responsabilidad y pedir perdón. “Alguien me preguntaba: ‘¿Usted qué siente cuando escucha estos relatos?’. Sinceramente, yo quisiera que la tierra me tragara”, dijo Rodrigo Londoño Echeverry, conocido en la guerrilla como ‘Timochenko’, exmáximo jefe de las Farc. 

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado en marzo de 2018 y agendado para una duración de 15 años, está conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que ya entregó su Informe Final en 2022.  

Y en momentos en que el Acuerdo de Paz con el Estado colombiano y las Farc, que creó el sistema, cumple 10 años de firmado, tanto la JEP como la Unidad de Búsqueda, están bajo ‘fuego’. 

El gobierno de Abelardo de la Espriella disminuyó considerablemente la financiación para su funcionamiento a partir de 2027 y, lo que preocupa incluso más a sus defensores, busca una reforma constitucional para recortar su mandato. En vez de terminar su proceso jurisdiccional en 2033 como estaba previsto, el actual gobierno propone que finalice en 2028. 

Las víctimas serían las más afectadas con el recorte presupuestal que para la JEP representa una reducción de 125.000 millones de pesos y para la UBPD tendría una disminución 52.366 millones de pesos.

Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en los cementerios del país. Foto: cortesía UBPD.
Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en los cementerios del país. Foto: cortesía UBPD.

Tanto la JEP como la UBPD y la Comisión de la Verdad, han posibilitado a miles de víctimas conocer lo ocurrido durante el conflicto armado, avanzar en la determinación de responsabilidades e iniciar procesos de reparación. Y aunque no todas las víctimas estén acreditadas en el sistema, o muchas otras no estén conformes con lo que ha sucedido en la jurisdicción desde 2018 ni hayan conocido toda la verdad, en lo que sí coinciden es en que han podido entender su dolor para después preguntarles a los comparecientes por sus seres queridos.

“El Sistema ha significado un avance muy importante para Colombia. Su creación puso en el centro de la discusión de nuestro país las violencias que ocurrieron durante décadas con ocasión del conflicto armado, que son violencias, que si bien fueron muy conocidas y que han sido experimentadas por una parte muy importante de la población colombiana, no eran un tema sobre el que todas las personas en nuestro país tuvieran información”, dice Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). 

Organizaciones sociales de todo el país dedicaron gran parte de su trabajo a realizar cientos de informes sobre la violación a derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario durante el conflicto armado con las Farc y así dar insumos al Sistema Integral para la Paz para priorizar casos y adelantar sus investigaciones.

Rodríguez dice que una de las grandes dificultades que han enfrentado sus tres instituciones es que en Colombia se tiende a subvalorar la dimensión de las violaciones a los derechos humanos que se han sufrido en el marco del conflicto y estos mecanismos de justicia transicional tienen una temporalidad restringida, con unas capacidades mandatos restringidos. “Creo que las tres instituciones se han enfrentado a unas dimensiones de violencia que superan un poco las expectativas y la planeación que ellas mismas tuvieron en un comienzo”.

Además, se han generado muchas expectativas hacia las víctimas y en algunos momentos se creyó que en 15 años estas instituciones tendrían que resolver cada uno de los casos que no logró resolver la justicia ordinaria. “Desafortunadamente, eso no es posible y no es tampoco la naturaleza que tienen y el mandato que cumplen los mecanismos de justicia transicional. Entonces, yo siento a ratos que los mecanismos se quedan cortos en comunicar suficientemente, en explicar y en contribuir a que se ajusten a las expectativas que tienen las víctimas”, dice Rodríguez.

Jeison Paba, director de Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, afirma que el Sistema ha permitido a las víctimas tener un espacio donde logran materializar ese ejercicio de verdad, justicia y reparación porque antes se trabajaba de manera aislada y en solitario. 

“Creemos que aún falta mucho de ejercicio en ese tema, sobre todo de exigibilidad de derechos a las víctimas. La tarea de las organizaciones, como la nuestra, es seguir apostándole a que antes de que termine este periodo de justicia transicional, por lo menos, logremos el objetivo de que todas las víctimas llenen ese espacio de verdad, que es el eje central del sistema. No se puede permitir que ningún grupo de víctimas se quede sin encontrar la verdad”.

Uno de los casos más dolorosos dentro del conflicto armado colombiano es el de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, el cual la JEP nombró como Caso 03. La cifra inicial arrojó 6.402 víctimas en la investigación que abarcaba de 2002 a 2008, luego pasó a ser de 7.837 víctimas, según lo documentado por el Grupo de Análisis de la Información de la JEP, que amplió el periodo entre 1990 y 2016, cruzando bases de datos de la Procuraduría, la Fiscalía, más de 1.000 informes de las víctimas y 35.000 anexos. “Lo más probable es que esa cifra crezca en el futuro”, dijo el magistrado y anterior presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, en el momento de anunciar los nuevos resultados.

En el Caso 03 se dió una sentencia en 2025, la primera en entregar la JEP, que condena a 12 miembros de la fuerza pública adscritos al Batallón La Popa, por su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegalmente como bajas en combate. La JEP los declaró culpables de crímenes de lesa humanidad como asesinato, desaparición forzada, tortura, persecución y del crimen de guerra de homicidio en persona protegida. Estos hechos ocurrieron entre 2002 y 2005 en el norte de Cesar y en el sur de La Guajira.

Sentencias históricas de la JEP

En ocho años y medio que lleva en funcionamiento la Jurisdicción, que fue diseñada para ofrecer una justicia reparadora y alternativa a la ordinaria, consolidar un escenario institucional transitorio o temporal suficiente y apropiado para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado y contribuir en la reconciliación nacional, se ha encontrado con grandes desafíos y presiones en un proceso que tenía que inventarse. 

“Al inicio fueron los problemas de poner en marcha una organización como esta, con todos los temas presupuestales, los temas de planta, de organización”, dice Ramelli. “Luego, se avanzó en cómo organizar los casos, cómo hacerle frente a la masividad. Nosotros recibimos cerca de 250.000 delitos, tenemos más de 15.000 comparecientes, que son más de tres veces de los que tuvo Justicia y Paz”. 

La ley de Justicia y Paz fue el primer mecanismo de justicia transicional en Colombia, creada en 2005 para la desmovilización de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) y después hacia otros grupos armados, para desmontar el paramilitarismo y buscar la verdad sobre el conflicto. Todo el proceso de Justicia y Paz sirvió de base en el diseño actual de la JEP para abordar crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Dice Ramelli que también tuvieron que organizarse con la masividad de la participación de las víctimas, ya que no se esperaban tantas. “Más de 300.000 participando, eso procesalmente es complejo. Es una jurisdicción que ha ido a los territorios, que está en los territorios. No nos quedamos en Bogotá”.

Hasta la fecha, la JEP ha dictado cuatro sentencias: dos en procesos en los que los comparecientes reconocieron verdad y responsabilidad, como las de los casos 01 y 03; y dos en procesos adversariales, en los que no hubo reconocimiento.

Quienes defienden esta jurisdicción dicen que los resultados entregados hasta ahora no pueden medirse sólo en el número de sentencias sino por la dimensión de los crímenes que esclarece, las responsabilidades que establece, las víctimas a las que reconoce y las sanciones para quienes aceptan los crímenes, que se realizan a través de los llamados Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador Reparador (Toar), la figura con la que la JEP reemplaza las penas de prisión.

Inicio de sanciones al último secretariado de las Farc por el caso de secuestro. Foto: cortesía JEP.
Inicio de sanciones al último secretariado de las Farc por el caso de secuestro. Foto: cortesía JEP.

En la Sentencia TP-SA-SP 620 de 2026 para el Caso 01, la JEP condenó a siete integrantes del último Secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre ellos se incluye la toma de rehenes, privaciones graves de la libertad (21.396 secuestros), asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud, cometidos entre 1993 y 2012 en distintas regiones del país. 

Como sanción, los excombatientes deberán participar en obras de infraestructura comunitaria, búsqueda de personas desaparecidas, recuperación ambiental, programas de sustitución de economías ilícitas y desminado humanitario, entre 2026 y 2034. Deben tener residencia fija, cumplir horarios estrictos y llevar un dispositivo de monitoreo electrónico.

El 21 de septiembre de 2026, los miembros del último Secretariado de las antiguas Farc empezaron a cumplir la sentencia con dos acciones restaurativas: la recuperación de cuerpos de personas no identificadas en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, Huila; y acciones de construcción de memoria para las víctimas en Bogotá.

Por otro lado, la Sentencia TP-SA-SP 621 de 2026, para el Caso 03 condenó a 12 exmilitares del Batallón La Popa como coautores de los delitos de desaparición forzada, asesinato y homicidio en persona protegida sobre 135 hechos. A algunos de ellos se les suman los delitos por tortura y persecución. En la sentencia de primera instancia, la Sección de Apelación había impuesto la pena máxima para todos los militares, pero en la apelación se individualizaron sus responsabilidades y se graduaron las condenas según el nivel de cada compareciente, con penas alternativas que van entre cinco y ocho años. 

El primer trabajo restaurativo obligatorio que deberán cumplir los sancionados es la construcción de un mausoleo de la memoria con 700 osarios en el Cementerio Ecce Homo de Valledupar, en cumplimiento de las peticiones de las víctimas que buscaban un lugar para hacer homenaje a sus seres queridos asesinados.

Ejecución de condena al último secretariado de las Farc. Foto: cortesía JEP.
Ejecución de condena al último secretariado de las Farc. Foto: cortesía JEP.

Ramelli dijo que con estas sentencias no termina el deber de aportar a la verdad: los comparecientes deben seguir contribuyendo con información y esclarecimiento de los hechos, especialmente en los casos de personas desaparecidas. Además de cumplir con las sanciones propias como programas de reparación efectiva para los campesinos desplazados, protección medioambiental de zonas de reserva, construcción y reparación de infraestructuras, mejora de la electrificación y conectividad en comunicaciones de las zonas agrícolas, sustitución de cultivos de uso lícito, construcción y mejora de las infraestructuras viales, entre otros.

Al dejar de hacerlo, pueden perder los beneficios otorgados por la justicia transicional y estarían expuestos a pagar años de cárcel. 

Luis Hernando Castillo Porras cuenta que su tío José Enrique Porras Hernández fue engañado, secuestrado y supuestamente, dado de baja en combate en el año 2003 en el municipio de Puerto Lleras, Meta. Porras Hernández fue reservista de las Fuerzas Militares de Colombia en la base de Madrid, en Cundinamarca. Hacía parte de la Fuerza Aérea. Luego de salir del Ejército se dedicó al arte.

“Mi tío Henry, como le decíamos de cariño, vivía con nosotros. Pintaba montañas, ríos, fauna, el mar, las palmas. Siempre sus obras de arte fueron vendidas en plazas públicas donde hay mayor concentración de personas. En esas plazas había perfiladores que hacían una labor de observación. Hacían una serie de reconocimientos del territorio y señalaban a su víctima”, dice Castillo.

En ese perfilamiento, que en ese entonces realizaban los paramilitares, fue que quedó su tío. Además de perder al tío, la familia de Castillo sufrió una ruptura, porque en medio del dolor, la madre de Porras acusó a su propia familia de ser la culpable de la desaparición. “Nosotros entendimos que esa fue la forma de mi abuela de canalizar su dolor y su tristeza por no saber nada de su hijo”. Hicieron la denuncia ante la Fiscalía y todo quedó en incertidumbre.

Fue hasta 2019, con los cruces de información que estaba realizando la JEP, que encontraron varios cuerpos en el cementerio del municipio de Granada, Meta, y ahí estaba el de Porras. Les hicieron entrega de los restos óseos a la familia y empezó el proceso de las audiencias para saber lo que pasó. “Nos dimos cuenta que quien desapareció y asesinó a mi tío fue el Ejército. Logramos saber parte de la verdad, pero todavía hay partes de esa verdad que no se nos han contado. Por ejemplo, las víctimas del conflicto armado no sabemos quiénes son los responsables políticos”, dice Castillo. 

Con respecto a estas ejecuciones extrajudiciales, dice Rodríguez que se ha podido llegar a conocer la verdad sobre la forma en la que operaron las fuerzas militares. “Funcionó como una maquinaria, casi como una empresa, que permitió el asesinato a estos jóvenes de zonas diferentes. Y permitió conocer también las particularidades de las víctimas, los engaños en los que se les hacía caer para matarlas. Y cómo, efectivamente, todo esto ocurrió buscando recibir beneficios y recompensas a cambio de la muerte de estos chicos”.

También se ha podido dimensionar los delitos. “Se pudo ver que los secuestros afectaron a familias y a personas de territorios de todo país. A personas con características socioeconómicas difíciles, contrario al imaginario de que solamente afectaban a las personas más ricas. Se ha podido conocer que ese fenómeno de secuestro tuvo en sí mismo otra cantidad de crímenes horribles, como los trabajos de violencia sexual, las desapariciones”, dice Rodríguez.

Rodríguez recalca sobre la importante labor de la JEP para tener por primera vez la cifra aproximada del reclutamiento forzado a niñas y niños que han sido llevados a hacer parte de grupos armados. “En este caso con las Farc, no se sabía de estos más de 18.000 niñas y niños, y ahora pudimos conocer todo lo que hay detrás de este fenómeno de reclutamiento”.

Casos como el esclarecimiento del genocidio contra la Unión Patriótica o la toma paramilitar de Barrancabermeja han permitido avanzar en esa verdad de lo que pasó en el conflicto. En el caso de la Unión Patriótica, la JEP imputó responsabilidad penal a cinco altos mandos militares retirados del Ejército como coautores por concebir e implementar una política contrainsurgente, que entendió que la derrota militar de la guerrilla de las Farc implicaba necesariamente la destrucción del partido político. 

La JEP también imputó a 12 comparecientes de la fuerza pública por acción u omisión en el caso de Barrancabermeja, en una alianza entre un funcionario de Ecopetrol y estructuras paramilitares, que preparó, facilitó y sostuvo la toma de la ciudad. 

Dice Ramelli que calificar a la JEP de ineficiente o costosa es una falacia porque “nosotros asumimos unas funciones que no asumen las otras cortes. Nosotros tenemos una defensoría pública, tenemos que garantizar la seguridad de los comparecientes, tenemos que financiar todo el tema de las audiencias restaurativas, los equipos psicosociales, tenemos que hacerle seguimiento y cumplimiento de las sentencias”.

Los aportes más allá de las cifras, son las verdades judiciales que el país desconocía. “De aquí a final de año tendremos siete sentencias”, dice Ramelli. 

Siguen desapareciendo en medio de la búsqueda

Mujeres buscadoras de personas desaparecidas. Foto: cortesía JEP.
Mujeres buscadoras de personas desaparecidas. Foto: cortesía JEP.

En Colombia la desaparición forzada se hizo sistemática desde los años sesenta como estrategia para ejercer control por parte de diferentes actores armados, incluyendo paramilitares, fuerzas estatales y guerrillas. Hoy la UBPD tiene un universo de 137.000 personas dadas por desaparecidas. Y la cifra sigue en aumento. Entre enero y agosto del 2026, según la Defensoría del Pueblo, este delito acumuló 2.145 casos nuevos, cifra que está cerca de superar el total registrado en todo 2025.

La labor de la UBPD ha permitido que 830 restos hayan sido plenamente identificados y entregados a sus familias que llevaban años esperando respuestas con la esperanza de encontrarlos con vida. Se avanzó en la recuperación e identificación de 5.721 otros cuerpos, en la protección de 15.812 lugares de interés forense y en el encuentro de 633 personas con vida. 

Uno de los logros más importantes de la Unidad, dice Sol Alonso, coordinadora de la Regional Centro de la UBPD, tiene que ver con el posicionamiento que se le ha dado a la desaparición forzada y otras formas de desaparición que ha dejado el conflicto. “Es un reclamo histórico que han hecho muchas víctimas al señalar que se han sentido solas o que la sociedad no ha estado suficientemente involucrada en los procesos de búsqueda y creo que el trabajo que ha hecho la Unidad ha permitido a la sociedad comprender la importancia de entender que la búsqueda es de todos y todas”.

Dice Alonso que además de buscar a las personas desaparecidas, la misión es que el país comprenda que la desaparición es un fenómeno sistemático y no un hecho aislado. “En ese sentido, los planes regionales lo que buscan es entender la desaparición a partir de las dinámicas que se dan en cada uno de los territorios en los que buscamos y a partir de eso establecer los ciclos del conflicto, los actores armados que estuvieron vigentes, quiénes eran las víctimas y los perfiles que tenían las víctimas”.

De esta manera, han logrado agrupar casos que tienen características similares para buscar a todas las personas que tengan algo en común y que permita que una búsqueda ayude a encontrar a otras personas. Por ello, los planes regionales de búsqueda tienen unos abordajes en el proceso de investigación, en el proceso forense, en la sistematización y registro de información, en los procesos de identificación y entrega de una manera masiva. 

“Tenemos casos emblemáticos como es el de La Escombrera, que tuvo un desafío técnico forense y un desafío operativo y logístico muy fuerte. Casos como el del padre Camilo Torres que nos han mostrado la antigüedad y la complejidad del conflicto armado y con el que entendimos que no solamente las familias buscan a sus seres queridos sino también las familias sociales como el caso del padre Javier Giraldo que buscó durante tantos años al padre Camilo. O casos como el del estero San Antonio en Buenaventura donde la búsqueda es subacuática y conlleva el enfoque diferencial étnico”, afirma Alonso.

Y para que esa búsqueda sea efectiva, las familias son el centro del trabajo de UBPD, para quienes durante muchos años, la desaparición se trató como un problema individual o privado. Esto hizo que las familias estuvieran desprotegidas, sin apoyo o acompañamiento, sobre todo mujeres que, en su mayoría, son quienes se han encargado de la búsqueda. 

La participación de las familias en las búsquedas es muy diversa, dice Alonso. Hay quienes hacen parte de todo el proceso, desde acompañar la revisión documental, visitar sitios donde podría estar una persona desaparecida, hacer parte de las tomas de decisiones en el proceso de investigación y en el análisis de la información, hasta participar en las labores técnico forenses. Otras familias piden sólo participar cuando haya información concreta.

“Además, son las personas buscadoras quienes nos dicen cómo esperan que el cuerpo de su ser querido sea entregado, en una ceremonia que realmente sea dignificante y culturalmente pertinente de acuerdo a sus usos, costumbres y creencias y en el caso en que las personas están vivas, también hay protocolos para poder encontrarse de acuerdo a sus condiciones de seguridad, sus condiciones culturales y el cambio de la vida que hayan tenido tanto la persona desaparecida como quienes les buscan”, dice Alonso.

La UBPD tiene registradas 51.716 familias que buscan a sus seres queridos, más del 63 por ciento son mujeres. Buena parte de las personas buscadoras superan los 60 años y afrontan una difícil situación humanitaria, lo que resalta la importancia del relevo generacional para dar continuidad a la búsqueda. 

La Ley 2364 de 2024 reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. Con esta legislación, Colombia se convirtió en el primer país del mundo en reconocer legalmente a las mujeres buscadoras como sujetas de especial protección constitucional y constructoras de paz, garantizándoles sus derechos y obligando al Estado a respaldar la búsqueda. 

El Decreto 063 de 2026, reglamenta la ley de mujeres buscadoras y establece los mecanismos para que ellas y sus familiares cuenten con salud integral, seguridad social, vivienda, educación, trabajo y fortalecimiento de la autonomía económica, así como a mecanismos de prevención, atención y protección en casos de violencias, incluidas las violencias de género que han enfrentado por su rol de mujeres buscadoras.

Sin embargo, el reconocimiento jurídico es apenas el primer paso. La implementación efectiva de la ley sigue siendo el principal desafío para que puedan ejercer su labor con dignidad y seguridad. En medio de la búsqueda, las mujeres han sufrido amenazas, secuestros, detenciones arbitrarias, desplazamiento, exilio y, en algunos casos, han sido víctimas de violencia sexual, lo que les provoca graves afectaciones, especialmente, psicológicas, y conlleva a la revictimización. 

Acompañamiento psicosocial para las víctimas

Homenaje a víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Foto: cortesía JEP.
Homenaje a víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Foto: cortesía JEP.

Frente a todo este escenario que ha creado el Sistema Integral para la Paz, la atención psicosocial sigue siendo lo más relevante para las víctimas porque el dolor se remueve constantemente y porque uno de los aprendizajes en todo este proceso es que ese malestar no es de origen individual sino colectivo y social.

Vanesa Marín, psicóloga de la Corporación Jurídica Libertad, dice que para las familias, la pérdida o desaparición de sus seres queridos y los hechos de violencia que han vivido no han sido un asunto al azar. “Han tenido que ver con las dinámicas de poder, con las dinámicas políticas, con los intereses que hay dentro del conflicto y quienes tienen ese poder político y militar lo han hecho para poder instaurar control y por eso, lo que les pasa hoy es consecuencia de ello, no de algo casual o personal”.

Y una parte importante es el reconocimiento de las víctimas como actores sociales y políticos, que pueden decidir lo que se transforma en bienestar emocional.  “Participar en audiencias no es fácil; implica remover experiencias, remover testimonios, remover el dolor, entonces también es necesario que frente a todas estas actuaciones jurídicas haya una preparación, haya un acompañamiento durante el evento, haya un seguimiento a lo que eso produce”, dice Marín. 

Familiares de víctimas del conflicto armado. Foto: cortesía JEP.
Familiares de víctimas del conflicto armado. Foto: cortesía JEP.

Raquel Benavides Buitrago reconoce que le costó mirar a la cara a los responsables de la ejecución extrajudicial de su hijo José Fabio Rodríguez cuando acudió a la audiencia de observaciones de las víctimas, en el que se investiga la responsabilidad de militares del Batallón de Infantería No. 21 “Batalla Pantano de Vargas” en febrero de 2023 y entender la dimensión de los crímenes.

“Para mí fue muy duro saber que ellos mataban y siguen matando, no sólo mi hijo, sino que después siguieron matando mucha cantidad y no sólo jovencitos de 20, niños de 10, de 12, 13 añitos” dice, y se compadece con otras familias víctimas. “Yo a mi hijo lo encontré a los tres días, pero hay gente que lleva más de 20 años y no saben nada de su familiar”.

Su hijo era un soldado de 22 años de edad que pertenecía al Batallón de Leticia, Amazonas. En el año 2007 estaba de descanso en Granada, Meta, y cuenta Benavides que personal del Ejército lo sacó engañado de su casa un sábado. Cuando no regresó ella lo buscó el domingo todo el día y el lunes. En la morgue le dijeron que sólo había llegado un muerto y era guerrillero. Tenía una pistola en una mano y una granada en la otra, además, le habían puesto unas botas más grandes que las de su talla, dice Benavides. 

Ella logró que le entregaran el cuerpo de su hijo pagando un dinero. La misma noche que lo estaba velando recibió amenazas porque hizo la denuncia en varios medios de comunicación señalando al Ejército del crimen y tratando de limpiar el nombre de su hijo que no era guerrillero.

Benavides logró que los responsables aceptaran, mediante la JEP, tanto el asesinato de su hijo por parte del Ejército como las amenazas que ella recibió durante un tiempo por denunciar. Sin embargo, no está del todo satisfecha. “Uno se desilusiona porque justicia no ha habido. Imagínense un matón de esos, el de mi hijo nomás tiene como sesenta y pico de muertos y con un perdón cree que ya reparó el daño, es injusto,” dice.

Desfinanciar la posibilidad de la verdad

Familiares de víctimas del conflicto armado en el Valle del Cauca. Foto: cortesía UBPD.
Familiares de víctimas del conflicto armado en el Valle del Cauca. Foto: cortesía UBPD.

El Sistema Integral de Paz no ha estado libre de críticas. Los cuestionamientos del actual gobierno nacional y sus aliados se centran en el costo y los resultados. El senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, afirma que con los 4 billones de pesos que ha costado la JEP sus indicadores son desastrosos y la ha llamado “la jurisdicción de la impunidad”. Hay críticas por la lentitud en los resultados y otros congresistas le han llamado “fortín burocrático”, como la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada.

De hecho, el Presupuesto General de la Nación para 2027 recorta la financiación del sistema, pasando de 947.642 millones de pesos a 821.803 millones de pesos para la JEP, una baja de 13.2 por ciento. Para la UBPD el presupuesto pasa de 112.002 millones de pesos a 59.636 millones de pesos. 

“Es el más grave ataque que hemos sufrido”, dice Ramelli. “El actual presidente va a desmantelar financieramente a la JEP, poniendo en riesgo la seguridad de las víctimas y comparecientes”. 

Los efectos de los recortes no recaerán únicamente sobre la administración de estas dos instancias, sino que tendrá consecuencias directas sobre las víctimas y sobre las posibilidades reales de participación y acceso a la justicia transicional. No podrán asistir a audiencias y diligencias, ni contar con representación y orientación jurídica o acceder a acompañamiento psicosocial. Se reducirán las capacidades indispensables para la búsqueda humanitaria y extrajudicial de las más de 137.000 personas dadas por desaparecidas, se frenarán las intervenciones forenses, los laboratorios de identificación o la presencia territorial. 

Pero las críticas no han venido solamente de detractores del Acuerdo de Paz.  Varias víctimas consideran que las sanciones restaurativas no compensan el daño y que la ausencia de cárcel transmite impunidad. La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch, advirtió en 2025 que las sanciones al Secretariado de las Farc no aseguraban una verdadera restricción de la libertad.

En abril de 2026, la Corte Constitucional les dio la razón a quienes demandaron una sentencia interpretativa de la JEP que ampliaba el universo de mandos medios investigados. En 2025, antes de las primeras sentencias, Luis Moreno Ocampo, primer fiscal de la Corte Penal Internacional, advirtió que la JEP había creado “un laberinto del que no pueden salir”. 

Según datos recopilados por La Silla Vacía, de unas 17.300 personas sometidas a la JEP, sólo 1.070 han recibido la renuncia a la persecución penal, lo que deja a miles en un limbo jurídico. Desde las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado, además, se cuestiona que, por decisión de la Corte Constitucional, los terceros civiles sólo lleguen a la JEP si se someten voluntariamente, porque consideran que eso preserva la impunidad.

Al mismo tiempo que se limita el accionar de la JEP, el partido Centro Democrático propone crear una revisión automática de las sentencias condenatorias proferidas por la JEP contra integrantes de la fuerza pública, atribuyendo esa competencia al Tribunal Superior Militar y Policial. “Someter las decisiones de integrantes de la fuerza pública a jueces penales militares no solo contradice la Constitución, sino los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Son jueces que no tienen mandato sobre los temas de la JEP para revisar decisiones, lo que podría traducirse en impunidad para los militares”, dice Rodríguez, de la CCJ.

La Corte Constitucional e instancias internacionales de derechos humanos han establecido que la justicia militar no debe juzgar graves violaciones de derechos humanos porque no ofrece garantías de debido proceso, desconoce los derechos de las víctimas a la justicia y a la no repetición. 

La JEP y la UBPD fueron incorporadas a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo 01 de 2017. A su vez, el Acto Legislativo 02 de 2017 estableció el deber de las instituciones y autoridades del Estado de cumplir de buena fe lo establecido en el Acuerdo Final de Paz de 2016, entre ello, permitir el cierre jurídico del conflicto armado y garantizar la centralidad de las víctimas. 

Para las organizaciones de víctimas, todo esto constituye una grave regresión que favorece la impunidad y amenaza con vulnerar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Además, le impedirá al Sistema culminar los procesos avanzados y que aún están sin sentencias, o dejar a medias varios macrocasos como el violencia sexual y varios juicios a máximos responsables que no han aceptado responsabilidad.

Heidy Montero le ganó una demanda al Estado por la ejecución extrajudicial de su padre, Luis Enrique Montero, en el 2003 en Vista Hermosa, Meta. Pero solo ante la JEP pudo enfrentar a los responsables por su tortura y muerte y hacerles saber del daño que los soldados del Batallón 21 Pantano de Vargas les causaron por arrebatarle a su padre. 

“Esas audiencias fueron muy duras. A mí me dio fibromialgia. El comandante del batallón decía que a mi papá lo habían dado de baja en combate. Mi papá no era un matón ni una persona mala. Luchamos para demostrar eso hasta que les tocó retractarse. Eso era lo que queríamos, limpiar el nombre de nuestros seres queridos”, dice Heidy.

Y recalca que todo el proceso en la JEP les ha traído alivio como familia y gratificación al conocer a otras personas que pasaron por situaciones similares. “Nosotros nos hemos escuchado, hemos reconocido el dolor y hemos visto otros casos muy duros que no solamente fue al papá sino a la mamá, hermanos, tíos o primos. Y eso también ayuda para nosotros a hablar, contarnos las cosas, para ayudarnos a sanar también”.

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