Ya para cuando Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri empuñaron, el 24 de noviembre de 2016, una bala convertida en bolígrafo para firmar el acuerdo que puso fin a la guerra de cinco décadas entre la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, había dudas sobre cuánto de lo que prometía ese pacto se iba a poder cumplir.
Por un lado, en el plebiscito sobre una primera versión del acuerdo con que el entonces presidente Santos esperaba blindarlo, sorpresivamente y por unos escasos 53.000 votos, ganó el No. Esto obligó a una apresurada renegociación no sólo con las Farc, en cabeza de Londoño Echeverri, sino con fuerzas opositoras que habían promovido el rechazo del Acuerdo de Paz. Esa segunda versión no fue refrendada por los colombianos mediante las urnas, sino por el Congreso de la República.
Y por otro lado, el Acuerdo llegó hacia el final del mandato de Santos, que había apostado todo por alcanzarlo, y fue sucedido por Iván Duque, cuyo gobierno no tuvo la voluntad política de implementarlo de manera integral en el momento en que necesitaba mayor impulso.
Y hoy, a 10 años de su firma en el Teatro Colón de Bogotá, el panorama es mixto. Miles de exguerrilleros se han incorporado a la vida civil y expresiones políticas de izquierda que se habían visto opacadas por las guerrillas encontraron nuevos escenarios, llevando, incluso, a la elección del primer presidente de izquierda de la República, Gustavo Petro. Los máximos jefes de las Farc han tenido que enfrentarse a sus víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz y han sido sancionados. Cientos de familias han podido encontrar a sus seres queridos desaparecidos en medio de la guerra. Y, por un tiempo al menos, se vio una reducción sustancial de la violencia.
Pero la lentitud de la implementación ha dejado muchas de las promesas del Acuerdo en el papel. Grupos al margen de la ley coparon los espacios dejados por las Farc y, frecuentemente lanzan ataques con cilindros bomba, explosivos con drones, secuestran soldados y policías, atacan la infraestructura energética y asesinan líderes sociales. Los esfuerzos por reducir los cultivos de coca fallaron. Y la reforma estructural del campo quedó estancada.
“No ha sido fácil y no se ha cumplido mucho de lo pactado, pero el Acuerdo de Paz ha sido clave para el país. Especialmente para la comunidades rurales”, dice Eduin Mauricio Capaz, curtido líder indígena del pueblo Nasa, quien es consejero del Área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).
“El fin del conflicto con las antiguas Farc permitió poner de presente las apuestas de las comunidades, los vacíos territoriales y las aspiraciones de regiones remotas en un primer plano de protagonismo, gracias a que se quitó una guerra y se abrió un paso protagónico a voces que han dado más amplitud a nuestros procesos organizativos”, dice. “También acceder a escenarios de justicia restaurativa con diferentes victimarios”.
Múltiples miradas 10 años después
La implementación del Acuerdo de Paz empezó con viento a favor, pues a medida en que avanzaban las negociaciones en Cuba, el conflicto fue desescalando y se registraron fuertes reducciones en múltiples indicadores entre 2013 y 2017. Estos se vieron potenciados con la concentración en Zonas Veredales de más de 13.000 integrantes de las Farc para hacer su proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil.

Así lo señala Carlos Zapata, presidente del Instituto de Capacitación Popular (IPC), que le hace seguimiento al conflicto armado en Antioquia, especialmente en las regiones del Bajo Cauca y Sureste: “Nosotros podemos decir que el 2016 y el 2017 fueron dos años de una reducción muy impresionante en las cifras de vulneración de derechos humanos y de orden público”.
De manera similar se refiere Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, que investiga sobre conflicto y violación de derechos humanos en el depratamento de Norte de Santander. “El Acuerdo de Paz con las Farc generó mucha expectativa, generó mucha esperanza, porque esta guerrilla era muy importante en términos de lo que significaba la generación de violencia y desestabilización en el departamento y en la frontera. Entonces, eso generaba un sueño de poder comenzar a construir un Norte de Santander distinto”, recuerda con añoranza.
Sin embargo, el silencio de los fusiles duró poco. Pronto los territorios que controlaban las antiguas Farc fueron ocupados por grupos que no se vincularon al proceso de La Habana, disidentes del Acuerdo de Paz y otros como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que surgieron tras la desmovilización paramilitar de 2002 a 2006.
Zapata y Cañizares coinciden en que el cambio de gobierno nacional de Juan Manuel Santos a Iván Duque, produjo una fractura que no permitió implementar de manera integral el Acuerdo de Paz.
“La verdadera implementación empieza dos años después, con un gobierno que no tiene voluntad de hacerlo. Se perdió ese impulso. Es claro que el plebiscito le hizo un daño a la moral y política del proceso, pero después ya llegó un gobierno que hace una campaña basada en hacer trizas al Acuerdo”, señala.
Jorge Mantilla, analista e investigador del conflicto armado, considera que los dividendos de la paz duraron poco tiempo porque la violencia nunca cesó, aunque se haya contenido parcialmente. “Eso supone que no hubo un escenario real ni de transición ni de no repetición. Y eso conlleva a esa pérdida”, plantea.
Sin embargo, la mirada de Mantilla no es totalmente negativa, porque rescata que el proceso de paz con las Farc “le quitó, al menos desde el punto de vista narrativo, el sustento político a la violencia”. Y agrega: “Hoy tenemos un consenso de que el país transitó hacia un escenario mucho más marcado por la criminalidad organizada y por la violencia criminal”.
Más allá del repunte de la violencia y su giro hacia dinámicas de crimen organizado, Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) e integrante de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) en representación de la sociedad civil, entidad creada por mandato del Acuerdo de Paz para construir una política pública para desarticular grupos armados en el denominado posconflicto, destaca que, a pesar de sus luces y sombras, este sigue siendo un proceso esperanzador.
“Se ha podido ver el potencial transformador que tiene el Acuerdo en los territorios y en la vida de las personas; por ejemplo, en la vida de los firmantes (excombatientes en vía de reincorporación) y en las comunidades que históricamente han estado muy excluidas. Creo que hay sombras porque la implementación no ha sido todo lo que esperábamos, ha habido tropiezos, ha habido retrasos, ha habido ataques al Acuerdo, ha habido barreras para implementar; y sin embargo, al final, con luces y con sombras, yo creo que el balance es esperanzador porque nos muestra que la vía del diálogo y de la negociación sí permite lograr transformaciones en la vida de las personas que la vía de la violencia históricamente no ha logrado en Colombia”.
Los primeros meses de implementación de lo acordado con las extintas Farc fueron aprovechados para desarrollar sus bases normativas y el proceso de dejación de armas de los entonces combatientes de las otrora Farc. Laura Bonilla, investigadora del conflicto armado y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), resalta que la implementación del Acuerdo de Paz avanzó eficazmente en dos puntos: desmovilización y desarrollo normativo para aterrizar en los territorios. Y pone lupa el rol de la fijura del Jefe de Estado para que este proceso llegue a buen puerto.
“El cambio de gobierno nacional a Iván Duque afecta la implementación del Acuerdo, porque la implementación dependía muchísimo de la Presidencia de la República. No es algo que se pudiera seguir haciendo, aunque fuera parte del marco constitucional. La gente piensa que porque algo está en la norma, entonces inmediatamente el gobierno está forzado a cumplirlo y hacerlo bien. Y eso no es verdad. Una cosa puede estar en la norma y yo le puedo dar cero presupuesto o un presupuesto reducido”, precisa.
Y complementa: “Entonces, uno lo que puede decir ahí es que hemos avanzado mucho más lento de lo que creíamos, pero hemos avanzado. ¿En qué puntualmente? Efectivamente, en desmovilización. Eso se mantuvo en los dos gobiernos. Se avanzó también en toda la parte normativa. Colombia es complicadísima burocráticamente, entonces no es sencillo sacar una norma, un decreto. Eso es algo muy complejo”.
Indicadores y enfoques, en saldo rojo
Lo señalado por Bonilla tiene eco en los indicadores consolidados por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), a quien el Acuerdo de Paz le encomendó la misión de hacerle seguimiento constante a su implementación.
En su más reciente informe, que tiene un corte de cuentas a noviembre de 2025, reflejan que los puntos 3 y 6 del Acuerdo de Paz, relacionados con la desmovilización (Fin del conflicto) y normatividad (Mecanismos de implementación, verificación y refrendación) son los que más medidas finalizadas y avanzadas tienen.
De acuerdo con la documentado por el Instituto Kroc, de las 578 disposiciones del Acuerdo Final, con corte a noviembre de 2025, apenas el 36 por ciento se encontraba en estado completo, el 21 por ciento en estado intermedio, el 35 por ciento en estado mínimo y el 8 por ciento no había iniciado su implementación.
“Estos datos reflejan que… el 43 por ciento de las disposiciones —correspondiente a aquellas sin iniciar o en estado mínimo— aún carece de evidencia suficiente sobre la viabilidad de ser completadas dentro del plazo establecido por el Acuerdo Final. Este rezago se relaciona con factores institucionales, políticos y judiciales, así como con la secuencialidad inherente a varios compromisos”, sostiene el documento. (Descargar aquí)
Uno de los componentes más celebrados y reconocidos a nivel internacional del Acuerdo de Paz con las Farc, por el cual es considerado como pionero, es la inclusión de un Capítulo Étnico para proteger los derechos de los pueblos originarios y asegurar una efectiva participación en su implementación; a la par de un enfoque de género transversal a los seis puntos que lo componen.
No obstante, a diez años de la firma en el Teatro Colón, sus indicadores son más que pobres y apenas se han completado el 14 por ciento y el 13 por ciento , respectivamente.
“De las 130 disposiciones con enfoque de género, el 13 por ciento había alcanzado un estado completo, el 22 por ciento se encontraba en estado intermedio, el 52 por ciento en estado mínimo y el 13 por ciento no había iniciado su implementación. Por su parte, de las 80 disposiciones con enfoque étnico, el 14 por ciento se encontraba en estado completo, el 16 por ciento en estado intermedio, el 61 por ciento en estado mínimo y el 9 por ciento no había iniciado su implementación”, alerta el informe más reciente.
Y El Instituto Kroc advierte que más del 50 por ciento de las disposiciones asociadas a estos enfoques no ha superado el umbral de viabilidad: el 65 por ciento en el caso del enfoque de género y el 70 por ciento en el enfoque étnico.
Al respecto, Armando Valbuena, secretario de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos (IEANPE), que se creó para hacerle seguimiento a la implementación del Capítulo Étnico, señala que, como indican las cifras del Instituto Kroc, no hay muchos puntos significativos para mantener la moral en alto. No obstante, resalta el rol de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Valbuena, quien también es el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), destaca que con abrir macrocasos como el 09 sobre crímenes no amnistiables cometidos en contra de los Pueblos y Territorios Étnicos, y los macrocasos 02, 04 y 05 para esclarecer y sancionar crímenes en regiones donde ha sido fuertemente victimizada la población indígena, la JEP ha contribuido a “el conocimiento de la verdad y la reparación”.
A Marino Córdoba, reconocido líder afrodescendiente de Chocó que hizo amplia incidencia en Colombia y en el exterior para que los pueblos étnicos fueran escuchados en las negociaciones en La Habana, no le sorprenden los magros resultados.
“Para mí, este no es un tema nuevo, pues la realidad de nuestras comunidades no es histórica. Siempre se ha traducido en falta de acciones, falta de inversión, falta de voluntad política, falta de recursos para poder resolver problemas esenciales en nuestras comunidades”, indica.
Sin bien las disposiciones de género no cuentan con un capítulo independiente como las de los pueblos étnicos, a la hora de firmarse el Acuerdo de Paz, se resaltó que son transversales a los seis puntos que lo componen y que se crearían indicadores para medir su alcance.
Katerine Jurado, directora de la Corporación Sisma Mujer, señala que el rezago en el enfoque de género empezó desde antes de que fueran definidos sus indicadores. “Desde el gobierno del presidente Iván Duque existió una institucionalidad de paz, pero el Plan Marco de Implementación no respondía de manera adecuada a todos los indicadores de género y ahí de entrada empezábamos en un lugar de desigualdad, de desventaja para la implementación de las 122 medidas”, recuerda.
Para Jurado, el índice de implementación del enfoque de género es bajo porque también lo es la implementación general del Acuerdo de Paz. Aclara que a diferencia de las comunidades indígenas y afrodescendientes, el enfoque de género no es una sección particular del pacto, sino que está involucrado en todos sus apartados.
Y destaca como satisfactorio el rol de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. “La Comisión fue contundente en afirmar que la violencia sexual fue una práctica generalizada en el marco de la ocurrencia del conflicto armado, y eso al país nadie se lo va a quitar. Y no le va a quitar a las víctimas el hecho del reconocimiento político que ha implicado esas violencias en sus vidas. Claro, eso no implica que el componente de reparación esté totalmente superado, pero es importante”.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, organización de la sociedad civil que vela por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, considera que los pobres resultados se deben, en parte, a que el enfoque de género es más normativo que ejecutivo. Por esa razón, “no estamos encontrando las instituciones de la paz que logren aterrizar sus decretos, sus resoluciones y sus decisiones en materia de enfoque de género a prácticas concretas para mejorar la vida de las personas LGBT”.
Y agrega: “Encuentras que hay un montón de dispositivos en la Unidad de Búsqueda, en la Unidad de Restitución de Tierras, en la Agencia Nacional de Reincorporación y prácticamente en todas las instituciones, que en los últimos cuatro años han logrado generar los dispositivos normativos que enuncian el enfoque de género; pero todavía no estamos viendo acciones o decisiones, que efectivamente garanticen los derechos de las personas LGBT. Siguen siendo acciones muy individuales y todavía no vemos un Estado comprometido en una materia de ejecución que aterrice en el enfoque de género”.
El próximo 24 de noviembre se cumple una década de la culminación del proceso de paz que puso fin a uno de los conflictos armados más prolongados del mundo. Se concibió como una política de Estado para cerrar brechas en el campo, saldar deudas históricas con las regiones más olvidadas del país, reparar a las víctimas del conflicto, buscarle una solución al problema de las drogas ilícitas, entre otras medidas, para que los capítulos amargos de antaño no se vuelvan a repetir.
Sin embargo, en la práctica, la implementación del Acuerdo de Paz ha sido parcial y cada uno de los cuatro gobiernos nacionales de turno le ha dado su enfoque particular. La actual administración central, en cabeza de Abelardo de la Espriella, llegó a la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto anunciando sendos recortes presupuestales y reestructuración en puntos sensibles como reincorporación, víctimas y lucha contra el narcotráfico por medio de fumigaciones aéreas.
De este modo, no sólo está en vilo lo pactado en el Teatro Colón, sino las promesas a víctimas, a regiones que han vivido en medio del abandono estatal y a excombatientes en vía de reincorporación, que ven en la reparación y la reconciliación, un camino para dejar el violento pasado atrás.
Con motivo del décimo aniversario del Acuerdo de Paz, la alianza conformada por VerdadAbierta.com y FESCOL, presenta un informe especial compuesto de seis reportajes a profundidad, en los que se realiza un balance periodístico de su implementación. Espere a partir de hoy y hasta el 24 de noviembre, una entrega diaria dedicada a sus puntos principales: Reforma Rural Integral, Sistema Integral para la Paz, participación política, reincorporación, solución al problema de drogas ilícitas y reconfiguración de la violencia.
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